General Motors ha denunciado la toma de su planta de ensamblaje en Valencia, situada en la región central del país; una decisión que, de acuerdo con la automotriz estadounidense, es un embargo judicial ilegal de sus activos. Por ello se ha visto obligada a frenar sus operaciones en Venezuela.
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El fabricante ha declarado que durante la incautación se mostró un “total desprecio” por sus derechos legales y que se retiraron de la planta activos, incluidos vehículos. “(GM) rechaza firmemente las medidas arbitrarias adoptadas por las autoridades y tomará enérgicamente todas las acciones legales dentro y fuera de Venezuela para defender sus derechos”, ha dicho en un comunicado.
